Por José Granados Fernández
Twitter @JoseGranadosF

Las dos celdas de 4 metros cuadrados están a reventar: hay 110 presos que viven unos encima de otros, revueltos, como los murciélagos en las cuevas; la mitad de ellos pasan día y noche colgados en hamacas, apretujados, porque no caben en las superficies planas de los pequeños cuartos, donde no hay un milímetro libre para moverse y menos para caminar.

Debido a que en las dos celdas se concentra una rancia y nauseabunda mezcla de olores, las puertas de barrotes de hierro son el sitio ideal para tener algo de ventilación en medio del sofocante calor que los golpea con temperaturas de más de 40 grados centígrados.

El pasado viernes, el infernal hacinamiento en la Estación de Policía del barrio San José era del 3.050%, pues su capacidad es para seis detenidos y había 183 privados de la libertad imputados por diferentes delitos, incluyendo a otros 73 presos también están hacinados en el pequeño patio a la intemperie, de 2 por 11 metros, contiguo a la placita donde en enero de 2018 el ELN asesinó a seis patrulleros en un ataque terrorista.

Lo que allí sucede es lo mismo que viven en la Estación de El Bosque, donde el hacinamiento llega al 1.670%; en la de Simón Bolívar, con el 1.383%; en la Estación Norte, con el 985%, y en la de La Playa, con el 840%, de acuerdo con la información recopilada por la Personería Distrital de Barranquilla.

Al respecto, el personero Miguel Ángel Alzate expresa su preocupación. Considera que la realidad muestra que la crisis en los centros transitorios de detención “llegó para quedarse”, propiciada por el Inpec después del Covid-19 porque solamente se está encargando de los condenados y les ha dejado los imputados o sindicados a los entes territoriales.

Este descomunal sobrecupo, violatorio de los derechos humanos, forma parte de lo que la Corte Constitucional en todo el país llama Declaratoria de cosas inconstitucionales del sistema penitenciario y carcelario, que, a través de la Sentencia SU-122 de 2022, extendió a los privados de la libertad en los centros de detención transitorios.

El fallo ordenó una serie de medidas al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, Planeación, el Inpec y la Uspec, y a los entes territoriales, tanto gobernaciones como alcaldías, que deben ejecutarlas en el mediano y largo plazo, no mayor de seis años, para resolver la crisis.

Sin embargo, lo ordenado por la Corte Constitucional en esta sentencia y en la T-388 de 2013, la que inicialmente declaró el estado de cosas inconstitucionales para todas las cárceles, choca con lo que ha dispuesto el Gobierno Nacional, pues mientras los dos fallos ordenan construir más cupos carcelarios, la política de la administración Petro es no hacerlo.

Celdas sin utilizar

Para colmo, en el caso de Barranquilla, como lo denunciamos en Emisora Atlántico y Zona Cero.com, la Uspec construyó tres modernos módulos carcelarios con 510 celdas de alta seguridad, que costaron $26.000 millones, pero 14 meses después de inauguradas no han sido utilizadas a pesar del hacinamiento en las cárceles La Modelo, del 130%, y en la Penitenciaría del Bosque, del 185%, que pertenecen al Inpec, y en la Cárcel Distrital, del 129%, y del Buen Pastor, del 109%, que son de la Alcaldía de Barranquilla.

En medio de la crisis surgen dos preguntas:

¿Por qué esas 510 celdas no son utilizadas para trasladar a condenados peligrosos que están en La Modelo y de esa forma utilizar los cupos que queden libres con imputados que están hacinados en los centros de detención transitoria?

¿Por qué no se utilizan los casi 70 cupos que pueden reabrirse en la Cárcel de Sabanalarga, cerrada por el Inpec y hoy desvalijada y convertida en cueva de antisociales, como denuncia la comunidad?

Sobre el hacinamiento, el personero Alzate lamenta que el sistema carcelario “no está apostándole a la resocialización de los presos” e insiste en que las 510 celdas sean puestas en funcionamiento. Igual exigencia ha hecho la procuradora regional, Margarita De la Hoz, pero la Uspec ni se inmuta.

Sobre la crisis carcelaria, la secretaria de Gobierno de Barranquilla, Jennifer Villarreal, recordó que la Alcaldía abrió dos centros de detención transitoria, entre ellos el del barrio Las Estrellas, y revela que paga cerca de $9.000 millones anuales en la alimentación de los privados de la libertad que están en la Cárcel Distrital, el Buen Pastor, la UCJ y la URI de la Fiscalía.

Reveló que entre las nuevas exigencias del Inpec, luego de la pandemia, está la de firmar un convenio por $7.000 millones para recibir 200 presos, cuando antes recibían a los imputados sin problemas.

Villarreal plantea que la crisis comenzará a solucionarse cuando el Inpec abra sus puertas; pide que nombren más jueces para atender los procesos y así evitar el vencimiento de términos, del que hoy se beneficia el 62% de los imputados.

Quejas por falta de medicamentos

Al margen del hacinamiento, durante la inspección que la Personería realizó a los centros de detención transitoria, a través del delegado Ricardo Ramos, una de las quejas que recibieron tiene que ver con las promesas incumplidas.

Los detenidos también se quejaron por la no atención de enfermedades contagiosas que sufren, como brotes de infecciones en la piel, varicela, tuberculosis y sida. Dijeron que cuando MiRed los atiende y les formulan medicamentos, en los dispensarios no se los entregan porque les dicen a sus familiares que deben ir ellos personalmente. “¿Cómo vamos a reclamar esas medicinas si uno está preso aquí?”, cuestionaron.

Al conocer la queja, Villarreal se comprometió a “revisar la ruta de la atención medica” que están aplicando a través de la Secretaría de Salud. El personero Alzate dijo que citará a una reunión urgente para también buscar soluciones.

¿Nuevas cárceles para más cupos?

En nuestra reportería, hallamos que en la Sentencia SU-122, además de ordenarle al Gobierno Nacional que “cofinancie” la construcción de cárceles para abrir los cupos que garanticen los derechos de los imputados, la Corte Constitucional, en cuanto a las medidas definitivas, les ordenó a las alcaldías y a los concejos de 15 ciudades, entre ellas Barranquilla, que, “en el marco de sus competencias, presenten y aprueben, a la mayor brevedad, si aún no lo han hecho, iniciativas para la revisión de sus Planes de Ordenamiento Territorial, tendientes a garantizar el uso del suelo disponible para la construcción de cárceles de detención preventiva”.

Le preguntamos al ex presidente del Concejo Distrital Juan Carlos Ospino qué han hecho o qué harán para cumplir lo que ordenó la Corte.

La Procuraduría, que tiene abierto un proceso disciplinario por el no funcionamiento de las 510 celdas en la Penitenciaría del Bosque, va a revisar por qué siguen sin funcionar esas instalaciones; también pedirá explicaciones sobre en qué va el cumplimiento de las medidas que ordenó la Corte Constitucional sobre los centros de detención transitorias y su brutal hacinamiento.